¿Harto de que te llamen los comerciales de diferentes empresas a horas intempestivas? Esto se acabó con la nueva Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigor el pasado junio. En teoría, el fin del spam debería de haber llegado, pero, aún quedan algunos puntos flacos legales que las compañías pueden esquivar para seguir realizando las dichosas llamadas. Si te interesa el tema de la privacidad y la protección de datos, no te pierdas este post en el que explicaremos los puntos fundamentales de esta nueva normativa.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones tiene por objetivo proteger explícitamente el derecho de los consumidores a no recibir llamadas o mensajes con fines comerciales sin haber prestado un consentimiento previo para ello, pudiendo ser penalizadas las empresas que infrinjan este principio. La mayor diferencia con respecto a la ley de 2014 es que antes se defendía el derecho a oponerse a estas comunicaciones, mientras que ahora se establece una prohibición expresa a realizarlas.
Hasta ahora, muchas empresas se amparaban en el Plan Nacional de Numeración, que les permitía marcar números de forma aleatoria y sin una adscripción a un nombre concreto, por lo que no existía un tratamiento de datos personales. Con la nueva ley, esto cambia, ya que toda llamada debe tener una justificación.
Por otro lado, el punto principal de la nueva ley radica en el artículo 66, que sostiene que: los consumidores tienen derecho a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales
Dentro de los puntos fundamentales, anteriormente vistos, del artículo 66, existen algunas excepciones que detallamos a continuación:
No se permite realizar llamadas sin consentimiento previo con fines comerciales, salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales. En el caso de comunicaciones en las que sí haya intervención humana, podrán hacerlo tanto con consentimiento previo como amparándose en las excepciones legales recogidas en el RGPD. Por ejemplo, tu compañía telefónica sí podrá llamarte para ofrecerte nuevas ofertas o productos.
Así, las principales causas por las que, en ocasiones, recibimos alguna llamada que consideramos spam telefónico son:
El problema viene cuando los consumidores hacemos alguna de estas dos cosas sin darnos cuenta, por eso, debemos estar muy atentos a los “trampas” que nos ponen las empresas, como, por ejemplo: inscribirse a newsletter para recibir algo a cambio, clicar casillas de aceptación sin leerlas previamente, rellenar formularios sin ver condiciones para obtener promociones u ofertas; y participar en muchas otras acciones de marketing que impliquen obtener una recompensa, ya que suele ser a cambio de tus datos y privacidad.
Las sanciones más importantes para las empresas que infringen la nueva ley de telecomunicaciones pueden variar según la jurisdicción y la gravedad de la infracción, por ejemplo, a subcontratas de la compañía Orange, se les llegó a multar con 30.000 euros por molestar a sus clientes. ¡Veamos otros casos!:
Multas: las empresas que violan la Ley de Telecomunicaciones pueden enfrentar multas significativas, que varían en monto dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas multas pueden ser una suma fija o un porcentaje de los ingresos de la empresa.
Suspensión de licencias: en algunos casos, las autoridades reguladoras pueden suspender o revocar las licencias de operación de una empresa que infringe la ley. Esto puede tener un impacto devastador en sus operaciones.
Obligación de reparar el daño: las empresas infractoras pueden estar obligadas a reparar cualquier daño causado a los consumidores, a otras empresas o a la infraestructura de telecomunicaciones.
Prohibición de participación en licitaciones futuras: las entidades que hayan sido sancionadas pueden ser excluidas de participar en futuras licitaciones para servicios de telecomunicaciones.
Responsabilidad penal: en casos graves de infracción, los individuos responsables de las decisiones que llevaron a la violación de la ley pueden enfrentar cargos penales, lo que podría resultar en multas significativas o incluso prisión.
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